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Acuerdo del Govern de la Generalitat de Cataluña en el que se determinan los contratos en los que se ha de aplicar la metodología BIM

El Govern de la Generalitat comunicó en nota de prensa del pasado 11 de diciembre el acuerdo para establecer la obligatoriedad de aplicar la metodología BIM en determinados contratos de obra pública y de obras de edificación promovidos por la Administración de la Generalitat y su sector público.

En dicho acuerdo se especifica que la metodología BIM se aplicará de forma obligatoria a todos los contratos de obras y de concesión de obras que tengan un valor estimado igual o superior al establecido por los contratos sujetos a regulación armonizada según la legislación de contratos del sector público, y se extiende a todos los contratos relativos o vinculados a las obras a que se refieren estos contratos, que se corresponden con el ciclo integral de vida del activo y comprenden desde la fase de diseño y proyecto de un edificio o construcción hasta el final de dicho ciclo de vida, pasando por la ejecución de las obras y su explotación, tanto si el proyecto es de obra nueva, rehabilitación o restauración.

Exigencia de BIM a partir de 5 millones de € de presupuesto

En concreto se trata de aquellos contratos con un valor estimado (en general, presupuesto de licitación sin IVA) a partir de 5 millones de euros para las obras y concesiones de obras públicas, y de 200.000 € para los contratos de suministro y de servicios. Así mismo, los departamentos y entes del sector público de la Generalitat de Catalunya podrán exigir la utilización de la metodología BIM en contratos de obras y de concesión de obras independientemente del importe del contrato, si el correspondiente órgano de contratación lo considera pertinente.

La obligatoriedad establecida en el acuerdo se aplicará a todos los contratos cuya convocatoria de licitación se publique en el perfil del contratante a los seis meses de aprobación del acuerdo.

Uso de estándares abiertos

Un punto clave que se aborda en el acuerdo es que el uso de la metodología BIM no puede suponer discriminación para los licitantes, debe ser compatible con productos informáticos de uso general, debe utilizar el formato abierto IFC o similar y no puede suponer una restricción del acceso de los operadores económicos a los procedimientos de contratación, en especial, en cuanto a la pequeña y mediana empresa. Queda así reflejada la importancia de utilizar formatos abiertos y neutrales para el intercambio de datos que se pone de manifiesto en el “Manual para la Introducción de la Metodología BIM por parte del Sector Público Europeo”.

Necesidad formativa de la administración

En virtud de este acuerdo la Generalitat también es consciente de la necesidad de realizar una implantación de la metodología BIM internamente, de forma transversal a todos los departamentos, por lo que desarrollará programas formativos para el personal de los diferentes departamentos implicados y, por otra parte, tras el correspondiente estudio previo para evaluar los requerimientos en cuanto a las TIC, se diseñará un plan de equipamientos (hardware) y programas (software) para cumplir los objetivos establecidos.

Además, se recoge el objetivo de facilitar la actualización de las bases digitales de geoinformación , requiriendo, una vez finalizado un proyecto con metodología BIM, la entrega de una copia del proyecto (as built BIM) en el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña (ICGC) que utilizará la información proporcionada para actualizar de forma rápida y precisa las bases citadas.

Cataluña lidera la inclusión de requerimientos BIM en licitaciones públicas

Con este acuerdo se refuerza la tendencia detectada el último informe del Observatorio de Licitaciones BIM de la Comisión es.BIM donde se refleja que Cataluña es la comunidad autónoma donde ha habido un mayor número de licitaciones con requerimientos BIM en el periodo comprendido entre enero de 2017 y junio de 2018. En concreto han sido 105 licitaciones públicas con requisitos BIM (83 en el ámbito de la edificación y 22 en el ámbito de las infraestructuras), el 47 % de todo el territorio nacional, y con un valor, según el total acumulado del Presupuesto Base de Licitación, de 212,13 millones de € (188,39 millones en el ámbito de la edificación y 23,74 millones de € en el ámbito de las infraestructuras).

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